Rajoy activó ayer el artículo 155 de la Constitución para neutralizar la deriva secesionista de Catalunya que encabeza Puigdemont, cuya declaración del martes acabó convirtiéndose en una pirueta dialéctica que no convenció a nadie, y menos a sus socios de la CUP. El Gobierno central quiere acorralar al soberanismo catalán, desconcertado ante la estampida empresarial y la soledad internacional de su proyecto.
Para ello el Partido Popular debe impulsar la reforma de la Constitución aplazada desde 2015, tras anunciarla Rajoy en Mallorca. El PSOE ha puesto precio a su apoyo al Gobierno para frenar el independentismo catalán: revisar el texto constitucional de 1978.
Rajoy logra una considerable ventaja política al contar con el PSOE y Ciudadanos. El conflicto no está resuelto, pero ahora Puigdemont se ve obligado a aclarar su confusa declaración de independencia. Afrontar la reforma de la Constitución supone una oportunidad para modernizar el Estado y adaptarlo a nuevas exigencias del encaje político, social y económico, no solo en Catalunya, sino en el resto de las autonomías. Estamos a la puertas de una segunda Transición.
