La irrupción de agentes de la Guardia Civil en varios departamentos de la Generalitat de Catalunya por orden del Juzgado de Instrucción 13 de Barcelona y la detención de catorce altos cargos de la administración catalana provocaron ayer numerosas protestas y movilizaciones. Con estas actuaciones ha quedado dinamitado el plan diseñado por el gobierno catalán para el referéndum del 1 de octubre.
Un paso más en el choque de trenes entre Rajoy y Puigdemont, una escalada de la tensión política que genera honda preocupación ciudadana y un pronóstico pesimista. El Gobierno central insiste en la defensa del Estado de Derecho, mientras la Generalitat insiste en que celebrará un referéndum que vulnera las leyes. El enfrentamiento institucional se ha trasladado, innecesariamente, a la calle con los riesgos que comporta. La gravedad de la situación exige valentía y altura de miras de toda la clase política. Es absurdo persistir en la discrepancia sin aportar soluciones que pasan por la revisión del texto constitucional.
A apenas dos semanas para el 1 de octubre no es admisible que cada día aumente la crispación, por la gran incertidumbre y malestar que provoca.
