La modificación de la Ley General Turística de Balears aprobada por el anterior Govern, que ahora impulsa el actual Ejecutivo, prevé introducir varios aspectos relacionados con la calidad laboral para valorar la categoría de los hoteles. Esta medida es rechazada por las asociaciones empresariales al considerar que es una cuestión ya regulada por la normativa estatal y el convenio colectivo del sector.
El Govern quiere «entrar» en el terreno de los hoteleros tras la polémica regulación del alquiler vacacional, aún no resuelta, pendiente de las decisiones de los consells y los ayuntamientos. Las reticencias de los empresarios se centran en la acumulación de normas de compleja aplicación, por razonables que sean los objetivos políticos. El sector servicios se presta a prácticas laborales abusivas que deben ser perseguidas con contundencia, pero de ahí a pretender que los abusos son una práctica habitual en la hostelería balear responde a un prejuicio que no justifica la elaboración de una normativa específica. La nueva ley debe ser un marco jurídico que impulse, desarrolle y mejore la actividad turística. Es preferible la eficacia a pretensiones efectistas, pero de dudoso recorrido.
