El anuncio de prolongar de manera indefinida la huelga de los trabajadores de Eulen que realizan las labores de control de seguridad en el aeropuerto barcelonés del Prat, pendiente de lo que decida la asamblea, ha provocado la reacción del Gobierno. A partir del lunes, agentes de la Guardia Civil asumirán estas labores, medida para resolver el colapso. El conflicto está deteriorando la imagen turística de Catalunya.
La raíz del conflicto reside en la rebaja salarial aplicada por la nueva empresa concesionaria del servicio, Eulen, además del deterioro de las condiciones laborales de sus trabajadores. En un momento de especial sensibilidad por todo aquello que hace referencia a la vigilancia sobre cualquier amenaza terrorista, bajar la guardia sería una temeridad. La cuestión, en este caso, pasa por contrastar el papel de Aena, la empresa estatal que gestiona los aeropuertos, en el momento de adjudicar a empresas privadas servicios tan delicados como el de la seguridad.
En ahorro ecómico de la privatización no puede ser el único factor a tener en cuenta. Privatizar un servicio no debe ser una puerta a la despreocupación por la calidad del servicio, tanto del que lo presta como del que lo recibe.
