El desconocimiento y el temor a las elevadísimas sanciones que anuncia el Govern contra los infractores están provocando las primeras reacciones de los propietarios de viviendas vacacionales que han anulado de forma precipitada, según la patronal Aptur, reservas ya cerradas.
Tras la caótica tramitación de la ley, que ha tenido que ser enmendada con un decreto, la Conselleria de Turismo acelera el control del alquiler turístico en plena temporada, lo que genera un clima de alarma y el riesgo de provocar efectos indeseables en este sector. Los mensajes de persecución de la oferta ilegal en viviendas vacacionales da la impresión que quieren ser la respuesta a las exigencias de grupos contrarios a esta actividad. Pero no es acertado ni oportuno abordar esta cuestión en plena temporada alta. Llevar a cabo las inspecciones y controles ahora implica poner en entredicho la solvencia de Balears como destino turístico. Esta dinámica de confusión no es la más adecuada para aportar soluciones eficaces ni favorece la regulación de las viviendas vacacionales.
Cabe reclamar más sosiego y sentido común para evitar alarmas innecesarias y consecuencias negativas indeseables.
