El alud de denuncias por falsas e inexistentes intoxicaciones presentadas por turistas británicos, que habían puesto en jaque a los hoteleros de Menorca con la exigencia de elevadas indemnizaciones, ha motivado una contundente reacción del Gobierno del Reino Unido. El Ejecutivo que preside Theresa May autorizó ayer a los mayoristas a emprender acciones legales contra la picaresca de los turistas avispados que pretenden conseguir unas vacaciones gratis con fraude y engaño.
La reiteración de estas falsas denuncias ha provocado el incremento de los precios que aplican los intermediarios a los paquetes turísticos contratados por visitantes británicos y también ha deteriorado la imagen de estos turistas en Europa.
El Gobierno de España ya reclamó actuaciones al británico, concretamente un cambio legislativo que exija la aportación de pruebas contundentes, no meras reclamaciones, algunas registradas meses después de las vacaciones, por supuestas intoxicaciones alimentarias o enfermedades contraídas durante la estancia vacacional. Unas denuncias que a pesar de que no podían ser confirmadas ni corroboradas, generaban el pago de sumas millonarias.
