Editorial03/07/17 0:00
TW

Al caso del inmigrante que tiene trabajo y un sueldo de 1.500 euros pero debe pernoctar en la Casa de Acogida de Ciutadella se añaden las familias de mileuristas obligadas a compartir vivienda por el imparable aumento del precio del alquiler. Ni en los momentos más álgidos de la burbuja inmobiliaria, hace una década, se había vivido una situación como la actual. La diferencia la hallamos en la irrupción de empresas en Internet que mueven el mercado a su antojo, pero los poderes públicos se muestran incapaces de actuar con eficacia ante la enorme presión de la demanda.

Repuntan los desahucios en Balears, el acceso a la vivienda constituye un problema cada vez más acuciante, los jóvenes no se pueden emancipar... Ante esta demanda social las instituciones de las islas no articulan una política de vivienda sólida y seria. En el ecuador del mandato del Govern del Pacte se solapa la regulación del alquiler vacacional con la exigencia de vivienda social. Mientras, el mercado inmobiliario acentúa su ritmo de contratación, suben los precios y muchas familias no cuentan con una vivienda digna. Es el principal problema en Balears que reclama la respuesta del Govern del Pacte.