El Consell debe afrontar el pago de una indemnización de siete millones de euros a la promotora Princesa Son Bou porque el Plan Territorial Insular aprobado en 2003 impidió la construcción de 106 apartamentos en esta urbanización de Alaior. La institución insular anuncia recurso contra este auto del Juzgado Contencioso y que agotará todas las vías para evitar un pago que ha de provisionar en las cuentas del Consell.
Al margen de la enrevesada situación de este proyecto, iniciado hace 18 años, la cuestión de fondo consiste en que los menorquines han de asumir unas indemnizaciones por el PTI que ya suman 35 millones de euros. Hay otros casos aún pendientes de decisión judicial, como son las reclamaciones de Edivisa y el Grupo Meliá.
En la anterior legislatura, el PSOE, en la oposición, exigía al Govern de la Comunidad Autónoma que ayudase al Consell de Menorca a pagar la 'sentencia Cesgarden' por razones de defensa del modelo territorial del PTI. Ahora, que forma parte del Govern, debe actuar en coherencia, mantener el mismo criterio y con el aumento de ingresos en la tesorería autonómica, aportar recursos para liquidar estas sentencias.
