La dimisión del responsable de la Fiscalía Anticorrupción, Manuel Moix, evidencia la debilidad del Gobierno. La presión ejercida por las asociaciones de fiscales y los partidos de la oposición ha provocado una situación insostenible para Moix. Su gestión ha sido contestada con críticas de injerencia en la instrucción de casos de corrupción. Después trascendió que mantenía su participación en una sociedad en Panamá que había recibido la herencia paterna. Ya no podía seguir.
El Gobierno pasó de la defensa del fiscal Moix al silencio que precedió el desenlace, porque el presidente Rajoy carece de margen de maniobra ante cualquier sombra de duda relacionada con la corrupción. El actual escenario político impide la continuidad de un responsable de la Fiscalía Anticorrupción salpicado por su propia negligencia, cuando debe dar ejemplo de ética, estética y dignidad. Se impone la transparencia y garantizar la autonomía de los fiscales en los asuntos que investigan, aún cuando la Fiscalía es un órgano jerárquico, vinculado al Gobierno. La caída de Manuel Moix tiene una lectura más política que de asunto vinculado a eventuales irregularidades de los fiscales.
