El aumento del descuento de residente -del 50 al 75 por ciento- en los trayectos interinsulares de Canarias y Balears reabre el antiguo debate sobre los sobrecostes que soportan las regiones insulares y las compensaciones que deben recibir. El archipiélago atlántico, gracias a su condición de islas ultraperiféricas, cuenta con un régimen de ayudas y bonificaciones, tanto de carácter fiscal como para el transporte y la actividad económica en general, muy superior al aprobado para Balears.
Corresponde en primera instancia a la Unión Europea costear, a través de los presupuestos comunitarios, las aportaciones que permitan tratar a los ciudadanos y las empresas ubicadas en las regiones insulares en régimen de igualdad a los residentes y compañías situadas en territorio continental.
El artículo 174 del Tratado de la UE -con 362 islas de más de 50 habitantes- determina que deben ser objeto de especial atención para lograr la cohesión social y territorial. A través del Comité Europeo de las Regiones los estados miembros han de exigir compensaciones para reducir las desventajas y los costes adicionales de la insularidad. Balears debe argumentar sus demandas y reivindicaciones.
