Las declaraciones, ayer, de los catedráticos de la UIB Pablo Vicente Escribá y Xavier Busquets ante el juez instructor del 'caso Minerval', constituyen los primeros pasos de una investigación judicial larga y compleja.
Este caso ha puesto en entredicho, además de la solvencia de estos dos docentes, el prestigio de la primera institución académica de Balears. Las irregularidades denunciadas son de una enorme gravedad y por ello es preciso llegar al fondo de la cuestión, paso previo imprescindible para recuperar la confianza de los ciudadanos en el funcionamiento de la UIB.
Las pruebas testificales y documentales permitirán concretar si la denuncia que provocó la detención de Escribá y Busquets, estaba justificada. El suministro de un producto, el Minerval, en fase de investigación médica previa para su autorización como medicamento abre dudas e interrogantes. Los catedráticos deberán acreditar el destino de los fondos recaudados para aclarar la parte de negocio y la de investigación. Desde mayo de 2014 dos vicerrectores conocían estos hechos.
La pasividad del equipo rectoral de la UIB debe ser aclarada, porque la Universitat no puede estar bajo sospecha.
