Cuando aún no se han explicado los motivos que han provocado la pérdida de confianza del PSOE-Es Migjorn y los concejales socialistas en el alcalde Pere Moll, al que exigen su renuncia, trasciende que, una semana antes del estallido de esta grave crisis municipal, la titular del Juzgado número 2 de Ciutadella citó a declarar como investigados al primer edil y a la diputada autonómica Elena Baquero por los presuntos delitos de prevaricación administrativa y tráfico de influencias.
El auto de la juez María Loreto Arroyo fue dictado el 17 de febrero y seis días después el PSOE-Es Migjorn celebró una asamblea, a la que asistió la secretaria de Organización del PSIB-PSOE, Bel Oliver, en la que acordó cesar a Pere Moll como secretario general de la agrupación local socialista. Al mismo tiempo, le instó a dimitir como alcalde. Moll ha calificado esta exigencia de «complot total» y ha anunciado que no tiene intención de renunciar, lo que abre una situación de inestabilidad en el Ayuntamiento de Es Migjorn.
El PSOE debe explicar qué ha sucedido y aclarar si existe relación entre el auto judicial del 17 de febrero y los acuerdos aprobados seis días después.
