Según el informe redactado por la Xarxa per a la Inclusió Social (EAPN), con datos del 2015. Un 26,3 por ciento de la población de Balears, casi 300.000 personas, se encuentra en riesgo de pobreza y exclusión social. El archipiélago es hoy una de las comunidades con mayor crecimiento económico, gracias al turismo, pero no consigue evitar que un 10,4 de sus habitantes viva en un entorno de dificultades y precariedad. Una realidad social que no quiere ver.
La atención social, que desempeñan en buena medida las organizaciones no gubernamentales, como Caritas Diocesana, evita que se produzca un estallido en este segmento de población más desfavorecida y más castigada por la crisis. Muchos de los trabajadores que quedaron sin empleo no han podido reincorporarse al mercado laboral, lo que cronifica su situación, en la que pasan los años y consumen prestaciones, subsidios y ayudas.
El principal riesgo de la denuncia que lleva implícita este informe es su olvido, que quede arrinconada, a la espera de más recursos o de una clase política que no espere réditos electorales de su acción a favor de los más necesitados. También exige una mayor conciencia ciudadana para comprender que el progreso también se mide en actuaciones de apoyo y respuestas destinadas a la integración de los colectivos carentes de servicios básicos.
