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El Govern ha publicado en Internet las declaraciones de bienes de todos sus altos cargos, un ejercicio de transparencia del que cabe preguntarse cuál es su grado de eficacia o si solo es, en algunos casos, un gesto hacia la galería. Dar a conocer los bienes de los políticos poco o nada revela si se desconoce su origen o si no se puede cotejar cuando abandona el cargo, una tarea compleja que no se resuelve con una publicación masiva de datos porque puede acarrear erróneas conclusiones. No se trata de renunciar al control de nuestros políticos. La cuestión es ejercerlo de manera responsable. No hay ninguna necesidad de descender a nimios detalles de la vida personal, porque sería suficiente con datos más genéricos.

Carece de eficacia divulgar declaraciones patrimoniales sin que ningún organismo pueda verificarlas. Es preciso crear una oficina con capacidad real para la comprobación de datos en el momento de acceder al cargo y cuando se abandona. La iniciativa del Govern queda como una concesión populista que resulta incompleta ya que no alcanza al conjunto de la Administración. Los ciudadanos reclaman garantías y control, una asignatura pendiente.