Al finalizar el plazo para la inscripción en el censo del Impuesto de Turismo Sostenible, un total de 11.985 establecimientos se han dado de alta y liquidarán este tributo al Govern. Esta cifra representa solo una parte de la oferta de alojamientos turísticos de Balears, que ya figuraba inscrita. En el caso de Menorca se calcula que la oferta turística no legalizada representa el cincuenta por ciento.
Las viviendas turísticas, cuya regulación aún sigue pendiente al no contar con un reglamento que las ordene, no pagarán el nuevo impuesto cuya recaudación se desconoce a qué se destinará. Durante este año el Govern ha previsto ingresar unos 50 millones de euros, que ahora deben ser objeto de una distribución entre las islas. Queda por resolver qué iniciativas y proyectos obtendrán esta financiación. O sea, se ha puesto en marcha un mecanismo recaudatorio antes de determinar para qué, una de las cuestiones más delicadas de la ecotasa. El Govern, que se juega su credibilidad con el destino que dará a la ecotasa, no puede demorar la regulación de la oferta vacacional extrahotelera y determinar con precisión los objetivos de los fondos obtenidos con el nuevo impuesto.
