La filtración de las conversaciones que mantuvo el ministro del Interior, Jorge Fernández Diaz, con el jefe de la Oficina Antifraude de Catalunya, Daniel de Alfonso, constituye uno de los episodios más graves del Gobierno Rajoy. Según ha desvelado el diario digital «Público», Fernández y de Alfonso buscan escándalos que desprestigien a a políticos y sus familiares comprometidos con el proceso independentista de Catalunya.
De confirmarse la veracidad de las transcripciones, debería haber provocado la dimisión o el cese inmediato del ministro, además de una comparecencia urgente de Mariano Rajoy. Los argumentos de Fernández Diaz rayan el ridículo al sostener que él es la víctima cuando, en realidad, un altísimo responsable del Estado está dispuesto a todo para erosionar a sus adversarios políticos, en este caso dirigentes de CDC y ERC. Resulta inadmisible sin paliativos.
Es evidente que el momento en que se han dado a conocer estos manejos no es casual, a escasas horas de las elecciones del 26-J. Cabe recordar ahora el papel clave que desempeñan los medios de comunicacion y su exigencia para investigar, llegar al fondo de la cuestión y depurar las responsabilidades.
