El Ministerio de Medio Ambiente y la Conselleria balear homónima no consiguen cerrar un acuerdo sobre la desaladora de Ciutadella. En noviembre el Consejo de Estado autorizó al Gobierno a abonar 19,1 millones de euros a Acciona, como concesionaria, por el coste de las obras y a cambio de su renuncia. Sin embargo, la empresa reclama hasta 30 millones y el Ministerio quiere que sea el Govern el que se haga cargo de atender las posibles reclamaciones.
A pesar de las importantes discrepancias económicas, lo positivo es que no se ha parado la negociación para poner en marcha una infraestructura básica que se proyectó hace quince años y cuyas obras están acabadas desde hace seis. La discusión sobre qué administración debe aportar más dinero no ha de paralizar, en ningún caso, el intento definitivo para activar la desaladora.
Sin embargo, es necesario asegurar unas tarifas lógicas del agua desalada, para no provocar diferencias incomprensibles entre municipios. Si finalmente el Govern asume el coste de reclamaciones de la constructora no tiene porqué repercutirlo a los ciudadanos. No se trata de una tasa por el servicio sino de una inversión para una infraestructura básica.
