El Govern ha decidido ampliar, todavía más, el catálogo de plazas de libre designación en la plantilla de funcionarios de la Comunidad Autónoma. Esta medida contradice el acuerdo parlamentario aprobado, en sentido contrario, el pasado mes de octubre. Al mismo tiempo, evidencia una voluntad de adjudicar cargos a la carta, lo que incrementa la politización de la función pública en Balears.
En la actual relación de puestos de trabajo de la administración autonómica balear ya aparecen hoy 416 plazas de libre designación, cifra excesiva y de muy difícil justificación.
Sorprende que sea el propio Govern quien, en apenas unos meses, contravenga lo dispuesto en un acuerdo del Parlament, aprobado a iniciativa de Podemos, para limitar estas plazas de libre designación. El objetivo de todo gobierno debe cifrarse en estabilizar las plantillas de funcionarios y acabar con la libre designación. El uso y el abuso de esta práctica puede acarrear graves problemas en el futuro, porque hay reiterada jurisprudencia que obliga al pago de elevadas indemnizaciones a funcionarios que alegan cambios por razones políticas. Es preciso acabar con esta mala dinámica de prebendas.
