Seguridad jurídica para el urbanismo y el territorio

Desde la oposición, el Partido Popular advierte que este decreto propicia un «limbo jurídico» al no haber sido derogada la Norma Territorial Transitoria, a pesar del compromiso contraído por el tripartito gobierno del Consell para los primeros cien días de mandato.

Las administraciones deben garantizar la seguridad jurídica para evitar la arbitrariedad y la subjetividad. Todos los ciudadanos precisan conocer cuáles deben ser las reglas y normas a aplicar. Es fundamental para la actividad económica. Pero, una vez más, nos hallamos ante decisiones políticas que complican la interpretación del entramado de leyes y planes que rigen el urbanismo y el territorio.