El Consell de Menorca ha presentado un recurso extraordinario de revisión ante el Tribunal Supremo contra la sentencia dictada en mayo del 2011 por el Tribunal Superior de Justícia de Balears que condenó a la institución menorquina a pagar 28,8 millones de euros a la promotora mallorquina Cesgarden.
Con esta iniciativa, el Consell mantiene abierta la vía del contencioso-administrativo y al mismo tiempo ultima la apertura de la vía penal mediante una querella por el engaño de la mercantil que ocultó haber comprado los terrenos antes de la aprobación del PTI.
Gobierno y oposición se mantienen unidos en una estrategia procesal conjunta que exige agotar todas las vías para llegar al fondo de la cuestión y conseguir la anulación de una sentencia que perjudica gravemente los intereses de los menorquines. El recurso extraordinario se basa en la interlocutoria dictada en septiembre pasado por el Tribunal Superior de Balears, cuyos magistrados constataron que los datos sobre la transmisión de los terrenos no se corresponden con la realidad. Aquel auto ha sido determinante para emprender esta nueva acción judicial que exige firmeza y unidad política.
