Hay datos que dejan al desnudo una realidad descarnada y cruel que se acaba asumiendo como inevitable. El colapso de los juzgados encargados de tramitar las reclamaciones laborales y sociales genera situaciones dramáticas como el fallecimiento de los demandantes de pensiones de invalidez antes de que se haya fijado la fecha para el juicio.
En la actualidad, tal como denuncia el Colegio de Graduados Sociales de Balears, se señalan juicios para el año 2018. Constituye una barbaridad que reclama respuestas, actuaciones y decisiones porque la Justicia lenta siempre será injusta. Estos retrasos judiciales dañan los derechos ciudadanos.
El problema no reside en la ineficiencia de los actuales medios -jueces y funcionarios- sino en su absoluta incapacidad para atender, en tiempo y forma, la carga de trabajo que se genera en Balears. Ahora mismo hay 8.400 asuntos pendientes. En esta situación no se puede hablar de Estado moderno y de Derecho.
Esta gravísima cuestión ha quedado orillada del debate político, pero es preciso afrontarla con decisión con la modernización del funcionamiento de los Juzgados de Balears.
