El Govern presidido por Francina Armengol ha declarado la guerra a los contratos fraudulentos con el plan contra la precariedad. Tras numerosas inspecciones y el análisis masivo de documentos ha detectado más de 2.400 contratos irregulares. Una cifra que pone de manifiesto la picaresca de no pocos contratadores y que también evidencia la debilidad del tejido productivo de Balears.
Una economía sólida no puede caer en abusos e irregularidades. En la terrible e inacabable crisis, la excesiva presión fiscal y la necesidad que tienen los trabajadores de aceptar lo que se les ofrezca, han constituido factores determinantes.
Es plausible el empeño del Govern para acabar con el fraude, pero el factor fundamental es la inversión, la confianza y el impulso a la actividad empresarial. El mayor mérito de un buen gobierno es generar las mejores condiciones para avanzar juntos desde la estabilidad y la confianza. El Govern Armengol debe proteger a los débiles y al mismo tiempo ha de apoyar al tejido empresarial para aportar tranquilidad. Si el diálogo social funciona el fraude será cosa de desaprensivos y el grueso de los empresarios lo rechazará. Este es el camino.
