Editorial26/09/15 0:00
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El Ayuntamiento de Ciutadella deberá abonar unos dos millones de euros por el sobrecoste de varias obras públicas realizadas durante el gobierno de Llorenç Brondo, del PP, ahora reconocidos por sentencias judiciales firmes. Se trata de la prefectura de la Policía Local, la piscina descubierta, la sala multifuncional del Canal Salat, el centro de arte del edificio Saura Morell y la reforma de la casa señorial de Can Saura. En casi todos los casos se trata de ampliaciones de obras que se ha demostrado que se llevaron a cabo sin que ese incremento del presupuesto se tramitara. Es una muestra más de la nefasta gestión que llevó a cabo el gobierno del PP entre 2003 y 2009.

Las consecuencias son evidentes para una administración local que estaba a punto de dejar atrás su plan de saneamiento, que le ha obligado a aplicar duras medidas de control del gasto. Además es posible que lleguen nuevas resoluciones judiciales en el mismo sentido por contenciosos todavía no resueltos.

Ciutadella necesita que este coste imprevisto no lastre la gestión municipal, afectada durante el pasado mandato por la precariedad económica.