A casi 400 millones de euros asciende la deuda que dejó pendiente de pago a proveedores e instituciones el Govern Bauzá. Una cifra importante pero muy inferior -justo es reconocerlo- a los 1.561 millones de euros que dejó sin pagar el segundo Govern Antich en junio del 2011 y a la que tuvo que hacer frente el Ejecutivo de José Ramón Bauzá durante la anterior legislatura 2011-2015.
La cuestión de fondo consiste en que existe una 'herencia' económica institucional en Balears, cuyos principales perjudicados son los ciudadanos. Las demoras en los pagos siempre resulta perjudiciales. Los principales son hoy los consells insulars, a los que el Govern adeuda 169 millones. Estas deudas ralentizan la actividad económica de Balears y lastran los balances de las empresas y de las instituciones afectadas, aunque la situación ha mejorado de forma ostensible durante los últimos cuatro años. El actual Govern tiene la difícil tarea de mantener y mejorar los ratios conseguidos en el pago a proveedores, un gran reto.
La mejora de la financiación es imprescindible, pero una gestión eficaz dará la medida de la habilidad de los nuevos gobernantes en este mandato.
