Editorial28/04/15 0:00
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L a Fiscalía Anticorrupción y la Policía ven consistencia en la denuncia formulada por el Govern balear por un presunto fraude en los cursos de formación para parados en Balears entre 2004 y 2010. La cantidad objeto de investigación asciende a siete millones de euros. Un grave caso más de aquellos años locos en los que el dinero público corría a espuertas, con ayudas aportadas por la Unión Europea, para contentar a organizaciones empresariales y sindicales.
Era el «precio» de la paz social que se consideraba necesaria mientras se alcanzaban cotas de crecimiento que hoy son consideradas excesivas.

La Fiscalía investiga a UGT, CCOO, CAEB y PIME-Balears, los denominados agentes sociales que se reunían en mesas de diálogo con el Govern de Antich y de Matas. No se reparaba en ayudas para el trípode de la estabilidad empresarios-sindicatos-Govern y se organizaban cursos continuamente.

Pero llegó la crisis, las instituciones se quedaron sin dinero, las deudas se convirtieron en asfixiantes y se disparó el paro. El Govern Bauzá, que ha roto con el pasado, ha descubierto un agujero millonario y lo denunció. Hay que llegar al fondo.