Editorial23/04/15 0:00
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El Gobierno se ha enfrascado en una discusión semántica tras aludir la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría a la «amnistía fiscal» de 2012 que el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, califica de «regularización fiscal». Es un debate bizantino, porque el Ejecutivo aprobó una norma con indudables ventajas para quienes decidieran recuperar fondos depositados en paraísos fiscales. Una medida a la que se acogieron y se beneficiaron más de 30.000 contribuyentes, entre ellos el exvicepresidente Rodrigo Rato.

Lo más sorprendente es la actitud del Gobierno, que debe comprender y asimilar la indignación ciudadana por el comportamiento de algunos beneficiados por esta regularización tributaria -más de 700- que han continuado con sus graves tropelías contra la Hacienda pública. Es el caso de Rato.

Crece el clamor en demanda de la publicación de la relación de estos defraudadores, una petición compartida por toda la oposición, que deja solo al Partido Popular. No se puede demorar el debate sobre el alcance de la confidencialidad que cubre a quienes han incumplido sus deberes fiscales.

La ejemplaridad exige acabar con el parapeto de este silencio.