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La sentencia del TSJB que obliga al Ayuntamiento de Alaior a pagar 1,9 millones por la expropiación de una parte del terreno del colegio Mestre Duran resulta una carga imprevista muy pesada para un municipio que ha hecho un esfuerzo considerable para sanear sus cuentas. Es cierto que ello le permite depositar ahora el dinero y no seguir acumulando intereses, que ya representan casi 294.000 euros. Sin embargo, la situación de esta expropiación es sorprendente.

En primer lugar, el anterior equipo de gobierno actuó correctamente. Pactó acuerdos con dos de los tres propietarios por las expropiaciones para el nuevo centro escolar y llegó al Jurado de Expropiación Forzosa que decretó un importe similar al ofertado por el Ayuntamiento. Una cuestión técnica, una nueva valoración catastral, da pie al TSJB a decretar el millonario importe.

Hoy la parcela sirve de aparcamiento y no era necesaria para el centro. Forma parte de una misma unidad de urbanización, sin embargo es evidente que el coste es excesivo por el rendimiento del solar.

El recurso ante el Tribunal Supremo es imprescindible. Hay que intentar evitar el pago millonario.