Editorial18/03/15 0:00
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A118 millones de euros ascienden las reclamaciones patrimoniales derivadas del Plan Territorial Insular aprobado en 2003 por PSOE, PSM y EM-EU. Un conjunto de indemnizaciones que hipotecan las cuentas del Consell de Menorca y lastran su capacidad de gestión económica. Estas reclamaciones incluyen sentencias firmes, como la del 'caso Cesgarden', y peticiones sobre las que aún no hay sentencia firme de los tribunales. Suponen una espada de Damocles que pende sobre la institución política insular.

El presidente del Consell, Santiago Tadeo, desveló ayer en su intervención ante el pleno del Parlament, que se verá obligado a pedir el rescate financiero si debe pagar estos 118 millones, casi 20.000 millones de las antiguas pesetas.
El Consell de Menorca no puede afrontar por sí solo el pago de estas cantidades y deberá implicar a otras administraciones una vez conozca su cuantía definitiva. El PSOE propone, al final de la legislatura, instar al Govern y al Estado para que costeen los 29 millones del 'caso Cesgarden', pero esta petición socialista habría tenido más credibilidad si su autor no fuera uno de los directos responsables de la sentencia.