El Govern de la Comunidad Autónoma, el Consell de Menorca y el Consell de Mallorca, tres instituciones gobernadas por el Partido Popular, deben impulsar y acelerar las gestiones para solucionar el problema creado con el almacenamiento de 4.200 toneladas de residuos en Milà, tras el cierre de las instalaciones, decretado el 22 de diciembre por la Comisión Balear de Medio Ambiente.
El acuerdo político, que existe, exige el refrendo de los técnicos y el amparo legal para el traslado de estas basuras, vía marítima, desde Menorca a Mallorca al objeto de ser incineradas en la planta de Son Reus. El presidente Santiago Tadeo reclamó ayer al presidente José Ramón Bauzá y al conseller Company la activa actuación del Govern para dar salida a las basuras de que han acumulado desde finales de diciembre.
A los funcionarios de la Comisión Balear de Medio Ambiente corresponde ahora desbloquear los trámites administrativos para que estos residuos puedan ser transportados a la isla vecina. La empresa concesionaria de Son Reus ya ha manifestado que ve viable asumir la incineración. Es el momento de actuar con diligencia para resolver este problema.
