El castigo financiero al que somete el Gobierno central a Balears supera cualquier consideración lógica y vulnera el respeto exigible a una autonomía cuyos ciudadanos mantienen el máximo diferencial entre su contribución al mantenimiento del Estado y lo que éste les devuelve. Es, sin duda, una situación injusta y explosiva que carece, aún, de un reflejo político como sí ocurre en otras comunidades.
La magnitud de las cifras –con más de mil millones de euros de inversiones pendientes de ejecución- obliga a que el Govern opte por la reclamación judicial de todas las cantidades pendientes, amparadas en el vigente Estatut d'Autonomia, que tiene rango de ley orgánica.
El escaso peso político de Balears en la escena política estatal ha permitido, en gran medida, la impunidad con la que han actuado de manera sistemática los sucesivos gobiernos centrales. Hemos quedado arrinconados de las inversiones estatales y hoy nos situamos lejos de la media de la financiación.
El año pasado debía entrar en vigor un nuevo Régimen Especial de Balears (REB) y un nuevo sistema de financiación autonómica, pero ni una cosa ni otra. Por ello, las reclamaciones judiciales anunciadas por el Govern están plenamente justificadas y deben motivar el apoyo unánime de todas las fuerzas políticas.
