Mientras el Gobierno central ha planteado una docena de objecciones constitucionales a otras tantas leyes del Parlament balear, el Govern no ha presentado ninguna, a la inversa, sobre la posible invasión de competencias por parte del Gobierno del Estado. Una situación que no es nueva y cuya única excepción es el rechazo a las prospecciones para hallar hidrocarburos en Balears.
El evidente agravio financiero que sufre la autonomía balear desde su creación en 1983 constituye solo una parte, de gran trascendencia, de la naturaleza problemática de las relaciones de estas Islas con el resto del Estado. No hemos sido capaces de configurar las fórmulas que mejoren la competitividad de nuestras empresas respecto a las de la Península, otra gran asignatura sin resolver. Sorprende que ahora el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, vuelva a prometer un Régimen Especial que, legislatura tras legislatura, acaba olvidado, gobierne quien gobierne. Los sobrecostes de la insularidad deben ser asumidos en primera instancia por el Estado y también por la Unión Europea. Aquí es donde luchar el Govern, porque las razones y argumentos están de su parte.
