La celebración del pleno del Consell motivó, este pasado lunes, otra protesta del colectivo SOS Menorca contra las obras de la carretera general, que fue convocada y difundida por el GOB-Menorca. Varios de los manifestantes abandonaron el salón de sesiones de la primera institución política menorquina profiriendo insultos y descalificaciones personales contra los consellers del equipo de gobierno, a quienes increparon.
El portavoz del GOB-Menorca, Miquel Camps, que acudió a esta protesta, ha declarado a este diario que «los insultos no me gustan, pero los comprendo». Una frase con la que justifica lo que constituyó un exceso verbal y una falta de respeto a los consellers y, al mismo tiempo, a la propia institución.
Quienes desempeñan cargo público están sometidos a la crítica, tanto de los ciudadanos como de los medios de comunicación, pero ello no significa que puedan ser insultados, menospreciados o vejados, como sucedió el lunes en el Consell.
Ni el GOB ni ninguna entidad pueden amparar los exabruptos y las expresiones de violencia verbal. En un Estado de Derecho, la libertad de expresión permite la crítica y la discrepancia, pero no el insulto.
