La Audiencia Provincial ha ordenado reabrir la instrucción judicial incoada por el caos que provocaron y protagonizaron los controladores aéreos en los aeropuertos de Mallorca, Menorca y Eivissa en diciembre de 2010. Junto con sus compañeros lograron colapsar el tráfico aéreo en España. Miles de pasajeros se vieron afectados y atrapados en los aeropuertos.
El Gobierno se vio obligado a activar el mecanismo excepcional del estado de alarma, equiparable a la militarización, para reanudar el servicio.
Los magistrados de la Audiencia ha decidido profundizar en la investigación ante la sospecha de que los controladores actuaron de forma concertada para abandonar sus puestos. Las conversaciones telefónicas que constan en el sumario «no dejan lugar a dudas» de un comportamiento premeditado y orquestado para causar un grave daño colectivo.
La Justicia investiga en este caso un delito de sedición al tratarse de funcionarios públicos que abandonaron de forma consciente el control del tráfico aéreo. Una actitud irresponsable y desaprensiva como ésta no puede quedar impune. Es preciso llegar hasta el fondo y sancionar a los responsables.
