Entre los responsables del Catastro -en Balears, la Gerencia Territorial- y los ayuntamientos que no manifiestan ningún interés, los valores de las fincas, tanto las de naturaleza urbana como rústica, inmobiliarios, a pesar de haberse depreciado por la crisis, no van a ser revisados.
Estos valores catastrales tienen una gran repercusión tributaria, al incidir en el Impuesto sobre la Renta, determinar el recibo del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) y el pago de las plusvalías. Para todos los ayuntamientos constituyen, via IBI, una de las mejores fuentes de ingresos. Una figura impositiva que no tiene en cuenta situaciones familiares ni personales, al aplicar unos mismos tipos y gravámenes, sin valorar la primera vivienda y aquellas fincas que se destinan a la inversión.
Los precios de mercado inmobiliario ha experimentado grandes reducciones que ahora no se quieren trasladar a los valores castastales. En cambio, durante las épocas de bonanza y crecimiento económico estos valores fueron revisados al alza, con la connivencia de las administraciones beneficiadas.
Con independencia de los vuelos para buscar ilegalidades, urge acometer y revisar a la baja los valores catastrales.
