Al mismo tiempo que el fiscal general del Estado moviliza a la Unidad Especial contra la Corrupción y la Criminalidad para apoyar al fiscal Pedro Horrach en la investigación judicial del 'caso Cesgarden', esta empresa presenta un duro escrito para defender sus intereses.
El recurso de la promotora mallorquina constituye un alegato en toda regla para evitar que prosperen las iniciativas del Ministerio Fiscal y el Consell de Menorca dirigidas a depurar las responsabilidades y llegar al fondo de una actuación presuntamente delictiva, que ya ha merecido los calificativos de fraude procesal y maquinación fraudulenta contra el Consell por la Fiscalía.
Ni las advertencias ni el tono amenazante de Cesgarden deben influir en el ánimo de los magistrados de la Audiencia Provincial que ahora debe resolver los recursos interpuestos por las partes en litigio. Existe una sentencia del Tribunal Superior de Balears que adquirió firmeza y fue confirmada por el Tribunal Supremo, pero los menorquines demandan ejemplaridad, rigor y decisión a la Administración de Justicia para aclarar el origen de esta condena que obliga al Consell insular a pagar 29 millones de euros.
