Hasta que no se ha producido la renuncia de don Juan Carlos, el Gobierno no ha redactado la Ley de Abdicación, prevista en la Constitución, que no había sido precisa durante 39 años. Este hecho evidencia la falta de previsión sobre un asunto de tanta trascendencia.
También queda por saber qué papel, títulos y tratamientos recibirá el aún rey de España cuando su hijo sea proclamado, el próximo 18 de junio, y asuma la jefatura del Estado como Felipe VI. Otra cuestión aún sin resolver se refiere a la reina doña Sofía. Son aspectos que podrían haber sido definidos con antelación, sin generar incertidumbres innecesarias. Pero este es el denominador común de cuanto afecta a la Corona por el blindaje constitucional que requiere de acuerdos políticos con mayorías sólidas y muy amplias.
Queda aún abierta la preeminencia del varón en la sucesión dinástica, una auténtica rémora del pasado. Acierta don Juan Carlos al dar paso a la nueva generación que representa el príncipe de Asturias, pero se tenían que haber previsto y aprobado las reformas necesarias para que estos cambios en la Jefatura del Estado no nos pillen con el pie cambiado.
