Las irregularidades en la concesión del contrato adjudicado por el Govern del Pacte de Progrés en 2003 a Gas Euskadi provocaron que no se pusiera en marcha la distribución de gas en Menorca. Las sospechas de información privilegiada que habría recibido la concesionaria fueron denunciadas en sede judicial. La sucesivas sentencias -la última dictada por el Supremo- anularon aquella anómala concesión.
Posteriormente, el Plan Estratégico Nacional 2008-2016 elaborado por el Gobierno Zapatero calificó el gasoducto para Menorca como 'nivel B', sin fijar calendario ni partida presupuestaria para su ejecución. Incluso se planteó la supresión de esta infraestructura energética para la Isla. Ahora, el actual Govern balear reclama al Ministerio de Industria que se priorice como instalación con 'nivel A'.
Al mismo tiempo, recupera el proyecto para suministrar gas licuado a Menorca transportado en barcos, lo que implica construir los depósitos de almacenamiento y las redes de distribución en toda la Isla.
El gas natural, con un coste inferior en un 30 por ciento a otros hidrocarburos y un 30 por ciento menos contaminante, constituye una fuente energética estratégica en Menorca.
