En los últimos días han aparecido tres noticias en la prensa que creo merecedoras de una reflexión:
La Universitat de les Illes Balears destinará este año 300.000 € para pagar el Nivel 33 a 62 funcionarios. (4.838 € por funcionario).
El Ayuntamiento de Palma destinará 165.000 € para pagar por el mismo concepto a 11 funcionarios (una media de 15.000 € por cabeza).
La Sra. Ana Mato percibirá 53.464,53 € del Congreso de Diputados por no encontrar trabajo.
Respecto a las dos primeras llama la atención la diferencia de media del complemento entre los funcionarios del Ayuntamiento y los de la U.I.B., fácil de explicar ya que este complemento cubre la diferencia entre el sueldo que percibe cada funcionario, y lo que percibe el de máxima categoría salarial. Por lo visto los sueldos en la U.I.B. son sensiblemente más altos que los del Ayuntamiento de Palma. El disparatado concepto en cualquier caso es el mismo. Asusta pensar cuanto nos cuesta cada año en nuestra Comunidad Autónoma, ya que hablamos sólo de dos instituciones y tenemos muchísimas más. Asusta más pensar cuanto debe costar este despilfarro a nivel de todas las instituciones dentro del Estado. Y todavía es peor si tenemos en cuenta que no es para este año sino para toda la vida, y que de año a año se va incrementando.
Respecto a la tercera, añadir que además de la Sra. Mato, se han apuntado a este «chollo», el Sr. Madina y 62 exseñorías más, de todos los colores políticos. La indemnización es de 30 días por año que han estado en nómina (en muchos casos me cuesta decir por año que han trabajado). Cuando un empleado es despedido, en la mejor de las situaciones cobra 22 días por año trabajado. Las comparaciones a veces son odiosas.
Si esto favorece a los miembros del Congreso, me imagino que algo similar debe suceder con los miembros del Senado, inútil institución donde no sólo muchos de sus miembros trabajan poco o nada, sino que algunos ni siquieran se presentan a su supuesto lugar de trabajo.
Todo esto es absolutamente legal, la moralidad es otra cosa.
Mientras tanto los ciudadanos, por falta de presupuesto, llevamos sufriendo recortes en asuntos tan importantes (citaré sólo algunos a modo de ejemplo) como Educación, Sanidad, Investigación, Dependencia.
Los que han elaborado, aprobado y mantenido estas leyes, y los que se aprovechan de ellas, ¿tendrían el valor de mirar cara a cara a un estudiante que por falta de medios económicos no puede alcanzar una carrera, a un enfermo que debe esperar meses para ser visitado por un médico especialista, a un niño que cuando sea adulto vivirá en un país menos competitivo, ó a un anciano o anciana que teniendo concedida una ayuda a la dependencia se va a morir sin cobrarla, y por ende sin haber podido satisfacer sus necesidad básicas?
A mí la cara se me caería de verguenza.
