Entrar en el fondo de la cuestión ya resulta cansino después de tantas adhesiones al rechazo de las obras de la carretera general como de quienes la consideran harto necesaria por las cotas de seguridad que adquirirá la principal arteria de la Isla una vez reformada y que ahora no tiene. Otra cosa es la forma, el envoltorio lamentable de tan controvertido proyecto ahora defenestrado por el nuevo equipo de gobierno que, como principal consecuencia, asegura ya el retraso mínimo del plazo de ejecución hasta diciembre de 2018 y las molestias que padeceremos los usuarios hasta entonces.
Decididamente contrario al proyecto, el tripartito de la Plaza de la Biosfera ha fundamentado su retirada en el sobrecoste desmesurado de la UTE que lo ejecutaba, su lentitud que le iba a impedir cumplir con el tiempo previsto, y la necesidad de ajustarlo a la dimensión de Menorca como Reserva de la Biosfera. Es esa su opinión y la de miles de menorquines aunque otros miles la aprueben por necesaria y urgente.
En todo caso, la paralización del proyecto y la apertura de un nuevo concurso para dar con otro que responda a las ideas del gobierno actual no puede entenderse sino como otro fracaso de la clase política, una perversión que concede solo a quien manda la decisión de decir sí o no a trabajos de tamaña envergadura, quizás mal iniciados por unos y ahora clausurados por otros.
Más allá de las dudas que provoca ese ajuste referido al entorno, donde uno siempre haría prevalecer la seguridad por encima de cualquier impacto visual paisajístico con una necesaria perspectiva a largo plazo, queda el coste del frenazo, los más que posibles contenciosos que derivarían en indemnizaciones a las empresas que habían iniciado el trabajo. Como siempre los políticos deciden y los ciudadanos pagan.
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