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José Ramón Bauzá dijo el martes en el Parlament que «la gente de la calle me dice que nos hemos quedado cortos» al defender su propuesta de la reforma de la Cámara autonómica, que supone una reducción de diputados y un recorte de los sueldos de sus señorías. No sé hasta qué punto el presidente balear ha descendido de las alturas para patearse las plazas y mercados pidiendo opinión a los ciudadanos antes de tomar una decisión al respecto. Sin embargo, la conclusión que expone - con matices - coincide con el sentir popular harto como está de escándalos de corrupción y de que determinados niveles de la llamada clase política esté blindada frente a los efectos de la crisis. Además, y partiendo de la base de que generalizar siempre es injusto, el trabajo de instituciones como el Parlament no acaba de generar un interés o expectación entre la ciudadanía.

Por otra parte, están las reacciones contrarias de los partidos de la oposición, que aunque exigen con acierto una reforma basada en el consenso y que no perjudique la representación de Menorca o la presencia de fuerzas minoritarias transmite más la sensación de que se defiende con demasiado ahinco la figura del político profesional.

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Otro aspecto recurrente es decir que antes de tocar al Parlament habría que cerrar el Senado o eliminar el Consell de Mallorca. Y no seré yo quien me niegue a ello, ya que todo es cuestionable, incluido ese misterioso Parlamento Europeo.

En definitiva, la opinión popular es que el estado autonómico está sobredimensionado y que también sobran asesores y entes públicos. No es cuestión de quitar por quitar, sino de que la institución esté justificada y de que sea eficaz. Si hacemos un diagnóstico rápido, la receta es adelgazar.