17.112

Mientras en las encuestas se valora positivamente a la Institución castrense; mientras las palabras pronunciadas estos días en Afganistán y Líbano por responsables ministeriales hablan de sacrificios, de libertades y de seguridades; mientras se nos usa –bandeja de rancho en mano– como incentivo en luchas políticas sucesorias o en corregir desaciertos reiterados en la gestión de nuestro espacio aéreo, sufren las Fuerzas Armadas recortes sangrantes, incluidos sueldos e incentivos y podemos llegar a vender a precio de saldo desde los pocos terrenos que restan de un patrimonio trabajosamente conseguido por las generaciones que nos precedieron, hasta un batallón de carros «Leopard» a Arabia Saudí o un submarino a quien de más, en el mercado de invierno. Súmenle menos horas de vuelo, menos carburantes para ejercicios, menos mantenimiento y cuidado de instalaciones. ¡Realmente estamos para que nos feliciten! Mientras todo esto pasa, 17.112 cuadros de mando del Ejército han recurrido una mal concebida y no consensuada Ley de la Carrera Militar. Sobre un colectivo de 25.800 mandos –jefes, oficiales y suboficiales– y teniendo en cuenta que algún recurrente puede haber presentado más de un recurso, hablamos de un 65% de contestación, elevada a órganos judiciales. No hablo de firmas recogidas, ni de cartas de adhesión. Hablo de recursos que exigen abogado, procurador, provisión de fondos, sacrificio familiar.

Serían suficientes estas cifras para que dimitiesen de sus cargos actuales y de sus escaños quienes hicieron posible que esta ley se publicase en el Boletín Oficial del Estado y pedir públicamente perdón por el innecesario desgarro producido en una institución más que respetuosa con el ordenamiento constitucional y con las alternancias políticas, que –luego– innecesaria y cínicamente, éstas ensalzan. Se ha jugado con el peligroso juego del «no a la guerra» en el que incluso se suprime esta palabra de nuestras ordenanzas y ahora se pretende suprimir el término «disciplina» en las calificaciones personales de los cuadros, cuando ésta es una de las columnas vertebrales que sostienen aptitudes y actitudes de las gentes de armas.

Todo viene de personas desconectadas de la realidad en la que viven nuestras tropas, teñidas de frustraciones personales e influenciadas por lecturas mal digeridas de los decretos de Manuel Azaña. Se transfieren al amiguismo político puestos de altos cargos reservados a funcionarios, bien colando con nocturnidad un artículo en un real decreto o bien por un simple «paso por el arco del triunfo». Ahora que se había conseguido mejorar la coordinación con Exteriores situando a un uniformado en el gabinete de su ministro, modelo que funcionó hace años, ha sido inmediatamente relevado por una persona cuyo nivel intelectual no le llega al Capitán de Navío Santiago Barber, ni a la suela de su zapato.

Todo se produce cuando se quiere arrancar con otra Ley –la que insisto debería llamarse de Deberes y Derechos y no al contrario– que lleva ocho prórrogas en su trámite parlamentario y que estos días, tras derrotar una propuesta parlamentaria de UPyD que pedía fuese devuelta al Gobierno, parece programarse para el mes de abril de 2011, cuando un mes después nos enfrentemos a un transcendente periodo electoral. Por supuesto el proyecto de esta ley es un compromiso del Gobierno, pero con los antecedentes de la anterior, se mira con recelo y sin respaldo y cuando se sabe que quienes a última hora manosearán el texto proceden, como en la anterior, de un «envidiable» comunismo cubano o de la extrema izquierda nacionalista gallega.

Hoy sabemos que 43 alumnos de la última promoción han pedido la baja en la Academia General Militar de Zaragoza. Se suprimió el acceso por oposición y se dio importancia definitiva a las notas de Selectividad de 17 diferentes comunidades autónomas. No será que no avisamos del cisma que se produciría. Cierto que en el sistema anterior las solicitudes habían disminuido. Pero el engaño de un título de Ingeniería contestado por sectores importantes de la propia Universidad de Zaragoza y por el Colegio Profesional correspondiente y la posibilidad de obtener un «sueldo del Estado» no han sido suficientes para completar una promoción. Para ello hace falta vocación, concepto éste que rechina a nuestros gestores políticos.

Mientras se suprimen 3.000 efectivos de Tropa para 2011, mientras se reducen los complementos específicos y de dedicación especial en clara discriminación con los de otros ministerios, mientras el vacío de «ley habilitante» producido por la repetida Ley de la Carrera Militar que derogó totalmente la 50/1969 de Movilización Nacional es tema de discusión jurídica generalizada al tratar el tema del Estado de Alarma al que fue sometido el colectivo de los controladores, sigue sin producirse un debate serio y consensuado sobre las Fuerzas Armadas.

Éstas seguirán viviendo a golpe de la oportunidad del momento, de la orientación partidista gobernante y de ambiciones personales. ¡Estamos de enhorabuena!

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Artículo publicado el 23 de diciembre de 2010 en "La Razón"