La justicia europea tumba un recurso de un residente en Menorca condenado por defraudar 4,6 millones

La estrategia había sido alargar el proceso que arrancó en diciembre de 2013 por fraude fiscal en 2007 y 2008 mientras administraba dos empresas. En 2018 sus abogados ya intentaron suspender el proceso alegando deterioro cognitivo pero los peritos dijeron que era apto para ser juzgado.

El demandante, que responde a las siglas F.S.M., fue condenado en 2019 a dos años y medio de prisión por un fraude fiscal de 4,6 millones de euros en calidad de administrador de dos compañías. Antes había eludido el juicio no presentándose en dos ocasiones, por lo que ingresó en prisión preventiva en 2018.

En su recurso ante el TEDH, tras desestimarlo el Supremo en 2021, afirmaba que se había violado el artículo 6 del Convenio Europeo de Derechos Humanos por no haberse respetado su derecho a «defenderse correctamente por no entender las acusaciones».

Desde 2016 al demandante le fue acreditada una invalidez parcial por un déficit de atención asociado por problemas de hiperactividad y por un trastorno de personalidad psicótica.

El Tribunal de Estrasburgo desecha la demanda al considerar que no hubo violación del artículo 6. En su sentencia explica, entre otras cosas, que el hombre había contado en el proceso judicial con un abogado elegido por él mismo lo que desarma su argumento.

Su defensa había señalado que el hombre se encontraba bajo la tutela de la Fundación Aldaba por una incapacidad parcial que le impedía tomar decisiones administrativas y fiscales.