Los últimos contratados reclamaban por el tiempo que estuvieron sin trabajar

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El Juzgado Contencioso Administrativo número 3 de Palma ha desestimado la demanda presentada por 11 bomberos contra el Consell por su tardía contratación, en junio de 2022, diez meses después de haber completado el curso de formación posterior al largo proceso de oposición que habían superado con éxito.

Los bomberos afectados solicitaban a la institución insular en este procedimiento judicial una compensación económica que rondaba los 200.000 euros,  tomando como referencia las mensualidades que dejaron de percibir, o en su defecto, la cantidad que estipulase el juez, en función del tiempo que estuvieron sin trabajar. En algunos casos, señalaban en la demanda, habían renunciado a estos empleos y cambiado su residencia bajo la convicción de que iban a ser dados de alta cuando concluyeran el curso formativo.

La demanda, presentada por el abogado Ignacio Barbosa, se basaba en la negativa del Consell a incorporarlos pese a que entonces el Servicio de Prevención y Extinción de Incendios mantenía a 34 bomberos semiprofesionales remunerados y un informe del entonces máximo responsable indicaba que había falta de efectivos. En un principio el texto incluía que el juez decidiese sobre la presunta intrusión laboral de los semiprofesionales y ordenara su cese ante la posible incompatibilidad e ilegalidad de su continuidad ya que la mayoría eran policías locales y ya cobraban de otra administración pública, privándoles a ellos de los puestos de trabajo para los que habían opositado.

Los semiprofesionales fueron definitivamente cesados el 31 de diciembre de 2023 cuando ya los 11 bomberos estaban contratados, por lo que la demanda referida a ellos ya no tenía razón de ser, y se limitaba a reclamar por los diez meses transcurridos hasta junio de 2022 cuando fueron contratados mientras estuvieron en la bolsa de interinos.

El juez del Contencioso Administrativo ha resuelto que la figura de los bomberos semiprofesionales que pudo bloquear la contratación de los 11 afectados durante ese tiempo sí tenía cobertura legal, en contra de la consideración de los demandantes. Su dictamen desestimatorio a la demanda se basa en que existen convenios previos de la administración insular que incluyen a estos bomberos semiprofesionales, y que esos documentos nunca fueron impugnados, de ahí que dé legalidad a su existencia hasta que dejaron de prestar el servicio.