Desmantelan en Maó una red que explotaba mujeres en situación irregular: trabajaban hasta 16 horas diarias

Según informa la Policía, la investigación comenzó a comienzos de año, cuando se tuvo la noticia de que estos dos empresarios sometían a sus empleados a jornadas más largas a las legalmente permitidas y con condiciones laborales deplorables, especialmente durante la temporada estival. La mayoría de los trabajadores carecían de contratos de trabajo, al encontrarse en situación irregular en España.

En un primer momento, la investigación se centró en rastrear los desplazamientos de los trabajadores, quienes eran transportados en vehículos rotulados con el logotipo de la empresa. Inspecciones administrativas llevadas a cabo en colaboración con la Inspección de Trabajo identificaron a ocho trabajadoras extranjeras, de las cuales siete estaban en situación irregular y una en situación de estancia como turista. Esto de por sí, ya supone una violación de la normativa vigente en materia de extranjería, con sanciones que oscilan entre 10.001 y 100.000 euros por cada trabajador en situación irregular.

La Policía indica que las condiciones laborales iniciales ofrecidas eran atractivas, pero en realidad no se cumplían. Se aprovechaban de la vulnerabilidad de sus trabajadores, exigiendo jornadas de hasta 16 horas diarias durante el verano, los siete días de la semana, a cambio de un salario irrisorio. Los trabajadores también estaban obligados a estar disponibles las 24 horas del día, y era habitual que recibían avisos durante la noche para que comenzasen su jornada laboral a primera hora del día.

Contratos de trabajo falsos para tener permiso de residencia

Esto no fue lo único. Además, se descubrió que varios extranjeros, principalmente hombres brasileños, habían regularizado su situación presentando contratos de trabajo falsos con la empresa investigada. Estos trabajadores, una vez cumplidos tres años de residencia en España, obtenían precontratos de trabajo para solicitar un permiso de residencia por arraigo social, facilitados por los detenidos a cambio de pagar entre 1.000 y los 3.000 euros. Después, eran dados de alta en la Seguridad Social para dar credibilidad a la relación laboral simulada, pero eran dados de baja poco después de obtener su permiso de residencia y trabajo. Los gastos derivados de la Seguridad Social corrían a cargo de los trabajadores ficticios.