El juez del Juzgado 1 de Ciutadella ordena que el menor regrese a Ciutadella donde tiene su casa y su escuela.

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Una mujer natural de Extremadura, hasta julio residente en Ciutadella, y su hijo de siete años, de padre menorquín, se encuentran en paradero desconocido, y sobre ella pesa una orden de busca y captura dictada por el Juzgado de Instrucción número 1 de Ciutadella el 4 de octubre por presunta sustracción del menor.

La mujer, con la autorización del padre, del que se separó hace poco más de un año, marchó a su tierra natal para pasar las vacaciones junto al niño y su familia a principios de julio. Debían regresar el 4 de agosto para dar continuidad al régimen de custodia compartida desde su separación respecto al hijo en común, pero no volvieron.

Apenas tres días después de su llegada a la localidad extremeña, según consta en el auto judicial, la mujer matriculó al menor en un colegio de su pueblo, sin comunicárselo al padre, lo que el juez interpreta como una firme intención de no regresar. Argumentó para poder tramitar la matrícula sin la firma del padre, la existencia de una sentencia por agresión, extremo que no se ajusta a la realidad, indica el auto judicial, ya que no constan antecedentes penales ni medidas cautelares contra el padre respecto de la madre ni del menor.

El 17 de julio el padre recordó a su expareja, vía Whatsapp, que debía retornar al niño el 4 de agosto pero ella le respondió que no lo haría bajo pretexto de maltrato y dolor por su actitud y la de su abuela paterna. La madre se desplazó a la Isla sin el menor en un par de ocasiones durante el verano y, según ha señalado su abogado, en ambas trató de contactar con el padre sin que este la atendiera para buscar una salida pactada a la situación, lo que este niega con rotundidad. La letrada del progenitor, Sara Taltavull, esgrime que la mujer vino solo para desvincularse de su trabajo en Menorca y poder establecerse definitivamente en Extremadura.

Durante el proceso, la madre ha aportado documentación médica que refiere una situación de angustia o ansiedad del niño por su retorno a Menorca, y una denuncia contra el padre el 27 de julio por haber entrado en la vivienda de la que ambos son copropietarios, aunque ella tenía el uso ya extinguido durante nueve meses tras la separación. Su abogado alegaría después que el hombre causó destrozos en esa casa, cerrada con candados en puertas y ventanas, extremo que niega la otra parte.

El juez concluye que ambas iniciativas tomadas en su localidad de origen tenían la intención de justificar el cambio unilateral de domicilio, ya que son posteriores al traslado del menor y a haber sido contactada por el Juzgado 1 de Ciutadella, tras la denuncia del padre por sustracción del menor, y por los servicios sociales del Ayuntamiento, al ser informados de sus intenciones. La documentación, añade el juez, no advierte problemática en el menor, diagnóstico o tratamiento, más allá de las manifestaciones de la madre que recoge un facultativo.

La demanda del padre ante el juzgado de Ciutadella se tradujo en las medidas cautelares dictadas por el juez el 18 de septiembre. En ellas se obliga a la madre a restituir al menor a Ciutadella porque es ahí donde radica su domicilio y su escuela. Además suspende la patria potestad, régimen de custodia y visitas a la madre, y prohíbe la salida de Menorca del menor, salvo autorización judicial.

El auto judicial concedía cinco días a la madre para que voluntariamente trajera al hijo a Ciutadella, y autorizaba al padre para que fuera a buscarlo al domicilio familiar de su expareja en la localidad extremeña, junto a la Guardia Civil. La madre no cumplió el auto judicial y cuando el padre y los agentes se personaron en la casa materna el 29 de septiembre a las 9 de la mañana, madre e hijo habían desaparecido, se habían marchado el día anterior, según informó su familia desconociendo su destino. Desde entonces no se sabe dónde están, el niño no acude a la escuela, ni el padre ha podido volver a contactar con él pese a la orden de búsqueda y captura que obra en poder de la Guardia Civil y Policía Nacional.