El domingo solo había una patrulla de la Guardia Civil disponible para cubrit la seguridad de toda la Isla.

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Noche del domingo de junio en Menorca. Una única patrulla de la Guardia Civil para cubrir la seguridad de toda la Isla, cuyas competencias abarcan todos los municipios de la Isla y sus urbanizaciones, excepto Maó y Ciutadella que corresponde a la Policía Nacional.

Esa única unidad de servicio debe custodiar a un detenido en el hospital Mateu Orfila durante toda la noche, lo que supone que Menorca queda sin ninguna patrulla para cubrir el servicio. Ante ello, la Guardia Civil decide desplazar en helicóptero a dos agentes de Mallorca, de la Unidad de Seguridad Ciudadana, para poder atender a las necesidades de la Isla.

Para la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) todo ello refleja el grave problema de escasez de agentes, una «situación persistente que compromete gravemente la seguridad ciudadana».

Asimismo, lamentan «la desidia» de las administraciones, que «les falta tiempo para vanagloriarse del aumento de agentes para la mal llamada ‘Operación Verano', mintiendo a todos los ciudadanos descaradamente, ya que la gran mayoría de los efectivos que vienen concentrados a la ‘Operación Parcheo' se destinan a cubrir el hueco de los agentes que se van de vacaciones».

En este sentido, denuncian «el parcheo que se hace periódicamente para cubrir los servicios en las Islas que, como ya es sabido, es insuficiente», además de caro. Y es que el este traslado en helicóptero de los refuerzos puede tener un coste estimado de alrededor de 6.000 euros.

La asociación también lamenta cómo puede afectar «anímicamente» a la gran mayoría de agentes en comisión de servicio desde otros lugares de la Península, este tipo de actuaciones y sus condiciones. «Vienen forzosos y perdiendo dinero, ya que la irrisoria dieta diaria que perciben no les llega para poder pernoctar y alimentarse dignamente», denuncian. Insisten que la falta de plantilla de la Guardia Civil «es un grave problema de seguridad ciudadana» y lamentan que «no se quiera abordar», lo que «supone un durísimo perjuicio económico y una sobrecarga laboral brutal para los agentes destinados en Balears, que inevitablemente se quieren marchar cada día más y con más prisa», concluye.