PALMA - FACHADA DE LA AUDIENCIA PROVINCIAL DE PALMA.¬?

Audiencia Provincial. | Alejandro Sepúlveda

C. A. | Agencias28/03/22 0:51
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La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Palma celebrará este jueves el juicio contra la gestora de fincas que se habría apropiado de 265.000 euros entre los años 2013 y 2015. La mujer está acusada de apropiación indebida por aprovecharse de su condición de administradora para hacerse con el dinero procedente de las cuentas de las comunidades que gestionaba en distintas localidades de la Isla. Según el escrito del fiscal, llegó a actuar de este modo con hasta diez fincas, a través de transferencias, reintegros en efectivo o cobros de talones no justificados.

La Fiscalía considera tales hechos constitutivos de un delito continuado de apropiación indebida por lo que pide para la mujer una pena de cinco años de cárcel y el pago de una multa de 1.900 euros. Además, solicitará ante el tribunal su inhabilitación especial para cualquier cargo de Gestión y Administración Inmobiliaria por un transcurso de tiempo de siete años y el reembolso de las cantidades apropiadas indebidamente a los representantes legales de todas las comunidades de vecinos afectados con cuantías de las que se apropió.

Concretamente, se habría hecho con el dinero de once comunidades de fincas situadas en Maó (5), Es Castell (2), en la urbanización de Son Parc, de Es Mercadal (3) y Fornells (1), aunque reingresó la cantidad a la cuenta de una de ellas.

Anteriormente, ya fue juzgada por otra comunidad que incorporó la denuncia cuando las otras ya estaban en trámite. En este primer proceso, en la que fue juzgada por dos delitos de apropiación indebida y falsedad documental, se acordó entre las partes una condena de un año y nueve meses de prisión.

La mujer fue detenida el 14 de agosto de 2015 tras recibir las primeras denuncias de algunas de las fincas afectadas. Sin embargo, quedó en libertad con una fianza 150.000 euros por responsabilidad civil.

Tras su detención, la mujer admitió a este diario haber actuado mal debido a la competencia y a la necesidad de bajar las cuotas a las comunidades.

La gestora, de nacionalidad española y de origen francés, tenía su despacho profesional en la calle Deià de Maó hasta que cerró el 31 de agosto de 2015 cuando se conocieron los presuntos delitos en los que había incurrido.