Siete personas, seis mujeres y un hombre, fueron detenidas por la Policía el 1 de febrero del pasado año, acusadas de esta trama delictiva, aunque una de ellas quedó en libertada a las pocas horas, y el resto también, aunque con medidas cautelares tras declarar ante el juez | Josep Bagur Gomila

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«No aparece debidamente justificada la perpetración del delito que ha dado motivo a la formación de la causa». Es la resolución del magistrado juez del Juzgado número 2 de Maó que ha decidido archivar el caso de alcance nacional por el que hace un año fueron detenidas cinco mujeres y un hombre de tres familias ecuatoguineanas de Maó y Es Castell, acusadas de explotación sexual y corrupción de menores.

La investigación policial y judicial, según el dictamen del juez, no ha podido acreditar más pruebas que el testimonio de una mujer que fue quien denunció que había sido explotada sexualmente diez años después de que el supuesto delito se hubiera cometido, en diciembre de 2020, con un testimonio poco consistente.

Fue esta misma denunciante que quedó como testigo protegido quien reveló a la Policía Nacional la existencia de una trama por la que una mujer de las detenidas, de acuerdo con su hija en Guinea Ecuatorial, captaba a menores en su país para traerlas a España a cambio de mejorar su vida desde hacía varios años. Luego las obligaban a prostituirse para satisfacer la deuda de unos 60.000 euros que había costado sacarlas de su país y traerlas a España. La mujer dio nombre de al menos dos menores, descendientes de las acusadas pero no ha quedado probado que fueran obligadas a prostituirse.

El Juzgado concluye que la versión de la testigo protegida no es razonable por sus contradicciones, como no lo es que denunciara los hechos diez años después en un Centro Asesor de la Mujer  y no ante la Policía.

Del mismo modo los vídeos que aportó a la investigación sobre supuestas presiones a familiares de su país para que pagara a sus explotadoras  tampoco se han podido contrastar.

Otro de los hechos definitivos para el archivo del caso es que otra menor testigo, que había manifestado que su abuela la había obligado a prostituirse, cambió su declaración el pasado 14 de diciembre diciendo que la otra testigo principal le había dicho que la acusara en esos términos porque así podría quedarse en España legalmente. Esta joven también aseguró que la testigo principal quería dañar a su abuela y por eso le dijo que la denunciara.

El apunte

No hay trata de seres humanos ni ejercicio de la prostitución

El auto del Magistrado Juez Juan Pablo Molina concluye que en el análisis de los móviles y ordenadores incautados no se ha encontrado ninguna prueba que acredite el posible delito de trata de seres humanos con explotación sexual. Tampoco en la vigilancia policial en los domicilios donde    supuestamente se obligaba a las menores a prostituirse, no existen testigos ni supuestos clientes que den crédito a la acusación. La Policía Nacional, tras practicar las detenciones, informó que el ejército del país centroafricano colaboraban en la captación de víctimas y les facilitaban la documentación por reagrupación familiar para que pudiesen viajar a España, lo que según el juez, no se ha demostrado. Todos los detenidos quedaron en libertad provisional con cargos y medidas cautelares tras su primera declaración ante el juez, tras su arresto. El fiscal tampoco pidió su ingreso en prisión entonces.