Andrés Barragán, fiscal que lleva la causa, ha elaborado un minucioso escrito de acusación dividido en cinco variables, en función del lugar donde el médico realizó las grabaciones de vídeo, entre ellas un hombre, casualmente, y una menor de edad. La mayoría de estos registros se hicieron en vestuarios y lavabos del hospital por lo que incluyen también a 11 familiares de personas ingresadas. Otros escenarios son su propia casa, la piscina de la del vecino y el despacho que tenía asignado en la UCI.
El jurisconsulto se refiere a las acusaciones en concurso ideal homogéneo, esto es que acusa una vez por cada una de las víctimas, aunque en muchos casos las grabaciones a una misma mujer superan los 100 vídeos.
Las cuatro abogadas de las víctimas, entre ellas la que representa a la Comunidad Autónoma, Ángeles Berroral, además de Carmen Pecharromán, Olga Ortíz y Jorge Aguilera, acusan al médico, en algunos casos, de los delitos de divulgación y alzamiento de bienes en que habría incurrido para reducir el pago de las indemnizaciones.
Entienden que la clasificación que hacía el médico de cada uno de los archivos, previamente editados y almacenados en dos discos duros etiquetados con el lugar donde los había registrado y las iniciales de la víctima, junto a otras direcciones halladas en sus dispositivos, son elementos suficientes como para considerar que pudo divulgarlas en la red, aunque la Policía Nacional no ha localizado difusión de estas grabaciones.
Trastorno
De 44 años de edad y origen peruano, el médico intensivista permanece suspendido de empleo y sueldo desde su detención el mismo 27 de agosto, y ya no reside en la Isla. En la petición de las condenas el fiscal contempla que el galeno padecía un trastorno de voyerismo y adaptación, con síntomas de ansiedad y estado anímico deprimido, en cuya virtud si bien tenía las capacidades cognitivas conservadas, no las volitivas pese a que se encontraban alteradas. Esa será, con toda seguridad, la estrategia en la que basará la defensa su abogado José María Morillas, además de la confesión de su culpabilidad nada más ser descubierto, y la reparación de daños.
El médico ha consignado 50.000 euros en el juzgado, con el propósito de reparar a las víctimas, y puesto a disposición del órgano judicial de Instrucción una vivienda, una plaza de aparcamiento y un trastero que posee en la Isla, para afrontar responsabilidades civiles.
El médico utilizaba dos teléfonos Iphone 4 y Iphone 6, que situaba estratégicamente en la parte superior de las taquillas, o bien en la papelera de los aseos, a su vez dentro de una caja de cartón envueltos con un plástico negro. Aprovechó su condición de facultativo de la UCI para entrar en los baños del personal y los públicos donde colocaba y retiraba los móviles, Además se apoderó de un juego de llaves del despacho común para hacer una copia y acceder al vestuario de sus compañeras.
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