Libertad para dos encarcelados por la corrupción de menores

El juzgador mantiene en el auto de libertad provisional que considera vigentes las mismas causas por las que los envió a prisión. No obstante, al haberse adherido la fiscal del caso a los recursos de los letrados, en virtud del principio acusatorio que limita la acción del juez al no haber petición para que sigan en la cárcel, no le ha quedado más alternativa que dejarlos en libertad mientras continúan las diligencias en fase de instrucción.

En cuanto al tercer encarcelado, nacido en la República Dominicana hace 42 años, el juez aún no se ha pronunciado, aunque dados sus antecedentes y sus dos detenciones recientes, una de ellas bajo la acusación de corrupción para el asesinato, continuará en prisión salvo que aparecieran nuevos datos que le favorecieran.

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Las declaraciones de las menores, que negaron mantener contactos sexuales con los acusados, y el hecho de que ni ellas ni ellos padeciesen sarna, según el nuevo reconocimiento al que se les sometió en prisión, han sido dos de los argumentos que han pesado en su puesta en libertad, como ha valorado la fiscal.

Los abogados alegaron en sus recursos que la denuncia del director del Centro de Menores basada en un correo de una de las trabajadoras que recogía datos facilitados por adolescentes del centro, era vaga puesto que no había pruebas concretas que sustentaran la acusación.  Decían que habían visto a los menores con los adultos sin especificar en qué circunstancias.

La Policía Nacional de Maó había practicado cuatro detenciones tras recibir la denuncia del director de la Casa de la Infancia, que motivó el ingreso en prisión de tres de ellos. En el informe policial aparecen señalados los dos encarcelados españoles, uno residente en una cueva del skatepark, y otro en una casa de okupas, además del dominicano, en la misma residencia, como responsables de la implicación de al menos dos menores que frecuentaban los parques y la cueva donde, presuntamente, obtenían drogas o dinero a cambio de sexo.

El juez esgrimió en el auto de prisión preventiva que los tres a los que encarceló cumplían los requisitos para ingresar en la cárcel. Tienen antecedentes, carecían de domicilio conocido, no tenían ocupación por lo que podían seguir traficando con drogas para subsistir, en la acusación las víctimas son menores y la pena que se les podría imponer sería igual o superior a dos años de prisión.